Aunque el servicio militar obligatorio fue eliminado hace más de dos décadas, la ley aún contempla el reclutamiento de civiles en caso de guerra.
En un momento en que el mundo observa con preocupación la escalada de tensiones en Europa del Este, Oriente Medio y Asia, la posibilidad de un conflicto global ya no parece un escenario lejano. La reciente recomendación de la Unión Europea para que sus ciudadanos preparen kits de emergencia ha alimentado el temor de que una guerra pueda golpear incluso a los países que hoy se sienten fuera de peligro. En este contexto, España se enfrenta a una pregunta crucial: ¿está realmente preparada para defender su territorio?
Desde la eliminación del servicio militar obligatorio en 2001, el país ha confiado su defensa a un ejército profesional compuesto por 119.665 efectivos activos y 15.150 militares en reserva. Sin embargo, esa cifra se encuentra por debajo del promedio europeo. Según datos del Observatorio Internacional de Seguridad, España cuenta con 2,4 militares por cada 1.000 habitantes, frente a los 3,6 que registra la media de la Unión Europea.
«La situación es preocupante. Si hubiera un conflicto de gran escala, España necesitaría movilizar a unas 60.000 personas más, y eso no sería sencillo sin un cuerpo civil mínimamente entrenado», advirtió Chema Gil, codirector del Observatorio, en una entrevista con Onda Cero. A pesar de la calma aparente, la legislación nacional contempla un plan de acción claro para ampliar las filas del ejército en caso de emergencia.
¿Quiénes serían reclutados en caso de guerra?
El proceso de reclutamiento ante un eventual conflicto está claramente definido en la normativa española. En primera instancia, serían llamados los miembros del ejército en servicio activo. A continuación, entrarían en juego los militares en reserva, divididos en tres categorías: especial disponibilidad, voluntarios y obligatorios.
Según el Real Instituto Elcano, del total de reservistas, 7732 están clasificados como de especial disponibilidad, lo que implica que pueden ser activados con rapidez si la situación lo requiere. Por otro lado, los reservistas voluntarios son civiles que, tras un proceso de selección, se comprometen a servir en las Fuerzas Armadas por un período de tres años.
El último recurso serían los reservistas obligatorios. Este grupo está conformado por ciudadanos sin formación militar previa, pero que pueden ser movilizados si el Gobierno lo considera necesario. Esta medida solo puede aplicarse tras obtener la aprobación del Congreso de los Diputados, en cumplimiento con la Ley de Carrera Militar.
El perfil de los posibles reclutas
La ley contempla que cualquier ciudadano español de entre 18 y 53 años puede ser llamado a filas, aunque la prioridad se centrará en aquellos comprendidos entre los 19 y los 25 años. Los convocados deberán pasar exámenes médicos para comprobar su aptitud, y posteriormente se les asignará una ficha en la que podrán expresar sus preferencias dentro de los distintos cuerpos del Ejército.
Aun así, existe una vía legal para quienes rechacen formar parte de un conflicto bélico: la objeción de conciencia. No obstante, su aprobación queda en manos del Consejo de Ministros. En caso de rechazo, el Estado podría llevar el caso ante los tribunales. Esta medida se ampara en el artículo 30 de la Constitución Española, que establece que «los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España» ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o invasión.
Aumenta la inversión militar en España y en el mundo
El panorama internacional, marcado por crecientes conflictos y tensiones geopolíticas, ha impulsado una ola de inversión en defensa. En 2023, el gasto militar global alcanzó una cifra récord de 2,44 billones de dólares (2,27 billones de euros), lo que supone un crecimiento del 6,8% con respecto al año anterior.
España no ha quedado al margen de esta tendencia. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, destacó en un foro celebrado en Valladolid que el nuevo plan de defensa de la Unión Europea representa una oportunidad para captar fondos destinados a mejorar la movilidad militar, especialmente a través de corredores ferroviarios transfronterizos que puedan tener usos duales: militar y civil.
Puente señaló que «la movilidad militar es muy complicada», ya que no todos los países están conectados eficientemente por tren, el medio «más eficaz para mover tropas». Además, detalló que del presupuesto de 10.400 millones de euros que España destinará a defensa, la mayor parte irá a salarios, ciberseguridad, sistemas de detección y reposición de equipos, más que a la adquisición de armamento.
«Hablar de rearme no es el término adecuado. Se trata de ser más eficientes en seguridad», sostuvo el ministro, dejando entrever que la estrategia española se basa en modernizar y fortalecer las capacidades existentes más que en una expansión masiva de recursos bélicos.
¿Está España preparada para una guerra?
La pregunta resuena con fuerza en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores exigen un refuerzo de la cultura de defensa, otros se oponen tajantemente a cualquier forma de reclutamiento forzoso. Lo cierto es que, más allá de los debates ideológicos, el país se enfrenta a una brecha evidente entre su capacidad militar actual y la que podría requerir una crisis de escala internacional.
La falta de preparación civil y la baja proporción de efectivos por habitante colocan a España en una situación vulnerable. La posibilidad de una guerra sigue siendo remota, pero el marco legal está vigente. «En caso de conflicto, el país necesitaría actuar con rapidez y contar con el compromiso de toda la sociedad», concluyó Chema Gil.
fuente: cronista