El analista jurídico, Ricardo Fuentes, cuestionó la actuación de la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien anuló la orden de aprehensión contra Evo Morales, en el marco de las investigaciones por trata de personas con agravante, ante un presunto favorecimiento, porque la jueza sostuvo vínculos laborales previos con Morales, lo que comprometería su imparcialidad.
«Jurídicamente esta decisión compromete la imparcialidad de la jueza», afirmó Fuentes, recordando que Moreno Cuéllar fue parte del equipo jurídico del exmandatario, trabajó en la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y fue gerente regional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en Santa Cruz, antes de ocupar su actual cargo como jueza penal.
El analista -en entrevista con Bolivia Tv- aseveró que, por razones éticas, la jueza debió excusarse del proceso.
«Hay una relación que, por ética, no debería permitirle pronunciarse sobre este asunto», enfatizó.
Además, cuestionó que el caso haya sido llevado a un “juzgado remoto”, distante del domicilio de la supuesta víctima como del propio imputado.
“El acudir a un juez, a un juzgado remoto, para una ‘triquiñuela’ (artimaña) de esta naturaleza plantea un pésimo ejemplo”, advirtió.
Desde su análisis, esta situación plantea dudas jurídicas y muestra un mensaje negativo para la sociedad.
“¿Qué le estamos diciendo al ciudadano? Si tienes un problema ante la justicia, busca un juez amigo. Esta no es la forma cómo vamos a resolver el problema de la justicia”, señaló.
Asimismo, advirtió sobre la existencia de una resolución previa emitida por un juez de La Paz que ratifica la competencia de la Fiscalía de Tarija, lo que podría generar un conflicto de jurisdicciones. Para Fuentes, este tipo de maniobras judiciales contribuyen al debilitamiento institucional y reflejan el clientelismo político que, según dijo, sigue afectando gravemente al sistema judicial boliviano.
“Es seguro que esto se resuelva en el Tribunal Constitucional Plurinacional (…), aquí el tema es integridad, transparencia, el ejemplo y esto tiene que ver con clientelismo político, que es uno de los lastres que nos está perjudicando bastante”, añadió.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lamentó la decisión de la jueza y señaló que habría incurrido en delitos tipificados por el Código Penal.
“Esta ‘payasada’ que ha cometido esta jueza, en el departamento de Santa Cruz, está tipificada como un tipo penal. Desobediencia a resoluciones de acciones de libertad y resoluciones inconstitucionales, un tipo penal que tiene una pena privativa de libertad de entre dos y seis años”, dijo la autoridad la noche del miércoles.
En esa línea, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, dijo que, en caso de comprobarse los errores, la jueza podría enfrentar procesos administrativos y penales por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución.
Fuente: Abi